sábado, 23 de noviembre de 2013

¿Se debe ajustar el modelo?

Por José Gallardo y Piero Ghezzi.
 
Es común escuchar que no se debe cambiar el modelo económico. Esta afirmación es comprensible, dado los méritos evidentes del modelo actual y los logros económicos de los últimos 20 años.

Sin embargo, en el fondo refleja también una confusión sobre dos aspectos. Primero, hay que separar la política macroeconómica del modelo. Se puede cambiar la política macroeconómica sin alterar el modelo, y viceversa. El modelo de crecimiento se puede definir por el tamaño del Estado, su rol redistribuidor, el rol del mercado en la asignación de recursos, el nivel de apertura de la economía, etc. Las políticas macroeconómicas son típicamente la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Segundo, los países que han logrado el desarrollo son aquellos que han mantenido: (1) políticas macroeconómicas sólidas, (2) incentivos orientados al mercado, (3) institucionalidad sólida. La fortaleza de un modelo económico debe evaluarse en la medida que respete estos tres principios, pero existe más de un modelo que es compatible con ellos.

Existen tres grandes visiones sobre el modelo económico óptimo para el país. La primera visión sugiere no cambiar mayormente el modelo. Una economía que crece impulsada por un sector privado dinámico se transforma y, mediante el crecimiento, eventualmente resolvería los problemas de pobreza, desigualdad, entre otros.

La segunda visión propone aumentar moderadamente la presencia del Estado a través de un incremento del gasto social, para una mayor redistribución. El objetivo sería redistribuir más sin afectar el crecimiento.

Una tercera visión sostiene que se requeriría no sólo aumentar el gasto social sino hacer cambios sustantivos en la estructura productiva. Sugiere también que el Estado tenga mayor participación de la renta de los sectores primarios, y que se potencie el rol de las empresas públicas.
 
Evaluando las posiciones
 
Una ventaja de la primera visión es que no deja mayor margen para las fallas de la intervención del Estado. Plantea acertadamente que el sector extractivo es un eje esencial del crecimiento, que existe un buen balance privado-público, que la apertura debe mantenerse, y que la economía se está transformando. Su validez dependerá de que la economía tenga las bases para un crecimiento sostenido y que se refleje en mejoras en los indicadores sociales rezagados.

Esta posición implica no fortalecer al Estado, en contra del tercer principio necesario para el desarrollo, ya que implicaría mantener un Estado y una institucionalidad débiles en general. Ignora las limitaciones del modelo para solucionar los problemas de productividad, desigualdad y empleo, y su enorme dependencia en las materias primas.

La segunda visión comparte, en nuestra opinión, los aciertos y desaciertos de la primera visión. Tiene la ventaja de proponer una mejor distribución de la riqueza mediante la potenciación de programas sociales. Pero los programas sociales son en última instancia insuficientes para mejorar las capacidades productivas del país.

La tercera posición reconoce acertadamente que el boom de materias primas explica parte del crecimiento reciente y que la economía está poco diversificada. También que hay ineficiencia en el gasto. Sin embargo, no le da suficiente crédito al mejor balance privado-público actual. También ignora los efectos dañinos del intervencionismo sobre la inversión minera-energética, que es absolutamente necesaria para el futuro. Una reorientación del aparato productivo que no es acompañada por mejoras sustantivas en la educación puede terminar sin mayor diversificación y a costa de distorsiones.

Su observación de que en una economía pequeña con una alta concentración industrial se tiende a abusos de poder es acertada. Sin embargo, establecer empresas públicas para contrarrestarlos no parece adecuado dados los problemas que genera una empresa pública. La solución reside en una combinación de capacidad regulatoria y mejoras en las condiciones de competencia en las industrias.

Esta tercera visión debilitaría tanto el principio (2) como el (3), y por ello es, en nuestra opinión, también inconsistente con el desarrollo.
 
Ajustes por hacer al modelo
 
El modelo de desarrollo peruano requiere ciertos ajustes para satisfacer los tres principios indispensables para el desarrollo. La economía peruana tiene que mejorar sus capacidades productivas y fortalecer su Estado. El instrumento para lograrlo es la política económica.

Primero, la creación de burocracias técnicas  altamente especializadas en tres áreas muy débiles: educación, desarrollo rural, y lucha contra las actividades delictivas. Estas burocracias construirían capacidad de análisis y de diseño e implementación de políticas, así como asegurar su sostenibilidad.

Segundo, un aumento en el nivel y eficiencia del gasto público. El Perú debe hacer grandes apuestas en educación e infraestructura, que requieren financiarse parcialmente mediante un aumento del gasto (con un déficit fiscal objetivo de mediano plazo de 1%), pero fundamentalmente mediante una mejora en la eficiencia del gasto. Se debe repotenciar y mejorar el presupuesto por resultados.

Tercero, la política regional/sectorial debería sofisticarse. No existe enfoque regional en las políticas actuales. Asimismo, el Estado debe complementar más la inversión privada. Se debe pensar estratégicamente la política comercial más allá de los TLC, fortalecer las políticas de competencia y regulación, así como consolidar la infraestructura, no solo física, sino también social.

Estas medidas conllevan ciertos riesgos. Pero están acotados, ya que los ajustes sugeridos son incrementales. No hacer cambios representa riesgos mayores ya que implica, casi invariablemente, un estancamiento eventual.
 
Publicado el jueves 4 de julio del 2013.

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